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"Corralito" - Medida cuatelar a favor de deudor en dólares

Escrito el 10/03/2015

Una persona interpuso acción de amparo a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución General 3210/2011 de la AFIP y de la Comunicación A 5318 del BCRA, en virtud de las cuales se le impidió comprar la cantidad de dólares estadounidenses necesaria para cancelar una deuda preexistente pactada en dicha moneda. El juez admitió la acción deducida, declarando la inconstitucionalidad de la Comunicación A 5318 del BCRA. La Comunicación A 5318, en su punto II, en cuanto limitó los destinos específicos para los cuales se autoriza la adquisición de divisas, eliminando la posibilidad de hacerlo para la cancelación de obligaciones pactadas en moneda extranjera, resulta inconstitucional, pues no sólo contraría abiertamente los preceptos establecidos en los arts. 617 y 619 del Código Civil, sino que también modifica el régimen cambiario sin una ley del Congreso que autorizare ello. El accionar de la AFIP, por el cual denegó la autorización para comprar dólares estadounidenses para cancelar una deuda preexistente, es manifiestamente arbitrario, pues a través del artilugio de considerar “con inconsistencias” el pedido, vedó el acceso al mercado de cambios para el cual, por reglamentación del BCRA, la operación debía estar previamente validada ante la AFIP. El art. 6 de la Resolución General 3210/2011 —sustituida por la Resolución General 3356/2012— viola una norma de superior jerarquía —art. 7 de la ley 19.549—, en infracción al art. 31 de la Constitución Nacional, al prever que la AFIP emita una decisión que para los contribuyentes tiene una gran trascendencia patrimonial —acceso al mercado libre de cambios— sin los recaudos esenciales de un acto administrativo, privando al particular de conocer los motivos de la decisión, así como la identidad del funcionario que la adopta, todo lo cual impide ejercer una adecuada defensa de sus derechos. La AFIP debe poner en conocimiento sobre cuáles son las objeciones concretas que la llevaron a considerar que el contribuyente posee insuficiente capacidad para realizar la operación de cambio pretendida, para que aquél pueda rebatirlas adjuntando la documentación pertinente, no cumpliendo tal objetivo una respuesta estándar —en el caso, “la CUIT/CUIL/CDI presentaría insuficiente capacidad económica para realizar la operación cambiaria ingresada”—, pues para revertir tal situación, el interesado se verá obligado a acercar al organismo recaudador la totalidad de la documental que justifica su patrimonio, apuntando ciegamente a subsanar una falencia que no se identifica. Las facultades delegadas por el Congreso a través de la ley 25.561 sólo permitió al Poder Ejecutivo a organizar el mercado cambiario —como lo hizo a través del Decreto 71/02 y, posteriormente por el Decreto 260/02— y establecer la relación entre el valor de la moneda nacional y la extranjera, pero no autorizó a suprimir o a restringir el mercado cambiario, en un escenario en el cual las operaciones en divisas extranjeras se siguen considerando obligaciones cambiarias. El  ejercicio que el Poder Ejecutivo nacional hizo de las facultades delegadas por el art. 2 de la ley 25.561 resulta inválido, pues no sólo hizo uso de aquéllas —a través del Banco Central de la República Argentina—más de diez años después de declarada la emergencia pública que dio fundamento a la delegación, sino que lo hizo en un sentido —las restricciones cambiarias— ajeno al contenido específico de las bases a las que fueron acotadas por el Poder Legislativo. Entre las bases dentro de las cuales debían ser ejercidas las facultades delegadas al Poder Ejecutivo por la ley 25.561 para reorganizar el mercado cambiario, no se incluyó la posibilidad de eliminar las operaciones cambiarias ni la de limitarlas para ciertos fines que el Poder Ejecutivo decida, pues ésta es una decisión que corresponde al Congreso y no es posible interpretarla incluida dentro de la delegación efectuada, conforme a los parámetros otorgados para regular el mercado de cambios, máxime considerando que ello es incompatible con otras disposiciones de jerarquía legal que la misma ley 25.561 mantuvo incólumes —arts. 617 y 619 del Código Civil—. La interferencia del Estado en el cumplimiento de una obligación válidamente contraída por dos sujetos, a través de la modificación del plexo normativo vigente al momento de la celebración del contrato para su normal ejecución, es susceptible de ser impugnada a través de la acción de amparo a los fines de perseguir el inmediato cese del acto lesivo, considerando además el impacto que en el patrimonio del amparista puede ocasionar una decisión judicial que considere imputable el incumplimiento contractual.  (fuente: La Ley SA)